Comentario La Desamortización

Toda desamortización es un intento de sanear la Hacienda. Para que haya un Estado fuerte debe haber una Hacienda saneada, y para que haya una Hacienda saneada es necesario que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos. Es el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares es la riqueza de toda la nación.

Durante la Ilustración se tomaron varias medidas para intentar enriquecer la nación por medio del fomento del comercio y de la industria. Estas medidas fallan por no haber consumidores posibles: la inmensa mayoría de tales consumidores serían los campesinos que están sometidos a una economía de subsistencia. La tierra es, pues, el factor desencadenante. Los labradores no pueden contribuir a Hacienda por esta economía de subsistencia en la que viven a la que se añade una doble fiscalidad: la que les impone la Iglesia, por una parte, y la que les imponen los señores feudales o el Estado. Si le añadimos a esto los grandes gastos a los que deben hacer frente (herramientas y materiales cada equis tiempo y semillas y abonos de forma anual), entenderemos que no tiene ningún sentido pretender que sean consumidores de los bienes que esa industria posible pudiera ofrecerles.

Para que puedan entrar en la economía nacional, los labradores deben convertirse en empresarios; en consecuencia, el Estado debe, en primer lugar, quitar los obstáculos de todo tipo con que cuentan para ello y, en segundo lugar, convertirlos en propietarios de sus propias tierras.

En el siglo XVIII, un enorme porcentaje de las tierras de España era o bien improductivo (es decir, no cultivable) o bien de bajo rendimiento: pastos, cotos de caza, tierras abandonadas... En 1766 se abre un expediente para intentar obtener datos que permitan elaborar una Ley agraria. El resultado hacía evidente la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras que entonces se hallaban en poder de las llamadas "manos muertas". Estas son tierras el poder de una serie de instituciones (señoríos, Iglesia, Ayuntamientos, el propio Estado) que no pueden vender las tierras por estar vinculadas a ellas. Estas tierras ni son cultivadas ni pagan impuestos de ningún tipo, por lo que no generan riqueza alguna. La solución era evidente: era necesario que el Estado se apropiara de estas tierras y las pusiera a la venta libre a través de la subasta al mejor postor.

Existen varias desamortizaciones:

a)     En 1768 se produce la llamada Reforma de Olavide, dotada sobre todo de un sentido social, por la que el Estado vende tierras de su propiedad (parte de ellas obtenida tras la confiscación de los bienes de los jesuitas ­que habían sido expulsados de España) a:

1. Labradores ricos que pudieran poner en explotación esas tierras sin necesidad de subvenciones.
2. Propietarios que deberían arrendar obligatoriamente las tierras a braceros.
3. Campesinos relativamente pobres que pudieran explotar un pequeño terreno por sí mismos.

Estas ventas se hacían con la condición de que la posesión de las tierras nunca pudiera volver a manos muertas. De esta ley sólo se cumplieron los puntos 1 y 2 dado que era necesario conceder préstamos y subvenciones para que el punto 3 pudiera salir también adelante.

b)    Antes de la Guerra de la Independencia tiene lugar la desamortización de Godoy (bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cofradías).

c)     Entre 1808 y 1823 se aplican las desamortizaciones decretadas, por un lado por José Bonaparte y por otro, por las Cortes de Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos).

d)    En la desamortización de Mendizábal 1834 -1854 se procede a la venta del patrimonio del clero regular (monjes, frailes) y de parte del secular, lo que implicó la desaparición de monasterios y conventos y que el Estado se comprometiera a proteger al clero por medio de subvenciones y pago de salarios.

e)     La Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz es la más importante, dado que es la de mayor duración y completa la enajenación de los bienes del clero tanto regular como secular.

El conjunto de todas estas desamortizaciones tuvo como resultado la venta de una extensión de tierras equivalente al 25% del territorio español y el saneamiento parcial de la economía en momentos puntuales en que las guerras o las crisis económicas hacían más necesaria la disposición de dinero por parte del Estado. Sus beneficiarios fueron sobre todo los miembros de la burguesía tanto urbana como rural, y en mucha menor medida los campesinos, por lo que se puede decir que no tuvo efectos determinantes en el aspecto social.

Comentario Diezmo

El diezmo (del latín decimus, décimo) es un impuesto del diez por ciento (la décima parte de todas las ganancias) que se debía pagar a un rey, gobernante, o líder eclesiástico.
En las Iglesias cristianas protestantes, el diezmo logró una aceptación importante. Doctrinalmente ciertas ramas como la respaldan al sugerir la existencia de mandamientos fuera de la ley mosaica que se consideran universales.
La rama pentecostal, y evangélica en general, no oculta el uso que hace de los diezmos a sus seguidores, esto es, tal como en el Antiguo Testamento en relación a la tribu de los levitas, mantener y suplir los costos materiales de sus líderes y gente que trabaja a tiempo completo en ellas. Esto basado en la ley del Antiguo Testamento, que se puede encontrar en Levítico 27:30, Números 18:26, Deuteronomio 14:23, 2 Crónicas 31:5; y a los consejos de Pablo en sus cartas a Corintios y Santiago, en el Nuevo Testamento, donde ya no se habla de un diezmo a modo de ley ni obligación, pero sí se insta a los cristianos a apartar una parte de sus ingresos para dar soporte a la iglesia (1° Corintios 16:1-2). Es decir, si bien para los miembros y seguidores el apoyar económicamente a sus iglesias es una responsabilidad ante Dios, no es desconocido que su uso sea para el mantenimiento material de la gente que trabaja en el evangelio, la misma Biblia así lo indica, por ejemplo en la famosa cita de Malaquías 3:10 donde se indica explícitamente para qué se usa el diezmo, pero aun así Dios promete una bendición especial para quien lo haga:

"Traigan íntegro el diezmo al alfolí, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde".

Cabe destacar que en muchos credos se ha abusado del tema monetario de la gente, y han surgido pseudo-líderes religiosos que hacen un uso poco honroso de las ofrendas que no tiene nada que ver con los diezmos, de sus seguidores, aprovechándose de su desconocimiento e ignorancia, para adueñarse de manera abusiva de sus recursos, trastocando la Teología de la Prosperidad y poniendo un énfasis extremo en la ideología de la "siembra y cosecha". no sirve nada esto.
Por lo que se refiere a España, la obligatoriedad del diezmo se introdujo a través de Aragón y Cataluña, regiones fronterizas con el Imperio carolingio. El pago del tributo se realizaba en especie y representaba un décimo de los frutos de la agricultura o ganadería obtenidos por el creyente. Existían dos categorías de diezmos: el mayor, que se aplicaba sobre los productos generales, como los cereales, vinos, aceites, vacas, ovejas, etc., y el menor, que comprendía los bienes más específicos: aves de corral, legumbres, hortalizas, miel, etc.
Los ingresos obtenidos eran recogidos por el “colector” y entregados a los párrocos, abades y obispos. Para facilitar este proceso los vecinos podían nombrar a un “dezmero”, que iba retirando los productos de las casas de los contribuyentes.
En ocasiones, la recaudación perdía su sentido originario al ser percibida por los señores feudales, como consecuencia de ser patronos de un monasterio o iglesia o de haber comprado los derechos recaudatorios a la Iglesia. Los diezmos se distribuían por tercios en función de su destino, un tercio se dedicaba a la construcción de iglesias, otro a sufragar los gastos del personal eclesiástico y, el último, a cubrir las necesidades capitulares. A pesar del nombre, el tipo aplicado variaba según los objetos gravados y las regiones, por lo que no siempre alcanzaba el diez por ciento. Tampoco se extendía a la totalidad de los productos agrícolas y ganaderos, lo que originó distorsiones del mercado al ampliarse de manera desmesurada los cultivos o la crianza de animales exentos de gravamen. El castigo más eficaz para evitar el fraude fue la excomunión, que no se levantaba hasta que el contribuyente pagara la totalidad de las cantidades debidas.
En la Edad Media, los reyes consiguieron una participación en la recaudación de los diezmos de la Iglesia. El Rey Fernando III propuso al papa Inocencio IV la posibilidad de que la Hacienda Real obtuviese el tercio del diezmo que se destinaba a la construcción de las iglesias, con la finalidad de atender los gastos militares del asedio de Sevilla. Conseguida esta primera participación, que alcanzó las dos novenas partes del diezmo, la autorización pontificia fue renovándose, hasta convertirse en 1494 en un recurso permanente del Estado, conocido con el nombre de “tercias reales”.
Felipe II de España consiguió otra nueva concesión, el "excusado", que consistía en reservar al monarca los rendimientos del diezmo obtenido por el mayor “dezmero” de cada parroquia. En este caso, los motivos de la participación eran los costes que suponían para la corona las guerras contra los infieles y los herejes.
En 1837 se acordó la supresión de los diezmos en España, pero las necesidades de recursos para la Primera Guerra Carlista, obligaron a diferir la efectividad de la medida hasta la conclusión del conflicto. En 1841 nació la contribución de culto y clero que supuso, que el impuesto siguiese incidiendo aunque fuese con otro nombre.
A pesar de su abolición en el 1837, el diezmo sigue existiendo como bien se nos muestra en la noticia del periódico: EL PAÍS ; esta noticia es seguramente una muestra de de muchos de los casos de este tipo de injusticia que siguen existiendo todavía hoy en nuestros días ,en este siglo XXI en el que todo es tan moderno y todo tan perfecto, pero que en realidad sigue siendo lo mismo que fue siempre ,un mundo bueno para los ricos y un mundo malo para los pobres.

Mapa de las divisiones administrativas de España despues de J.Burgos

Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, la regente María Cristina de Borbón trató de llegar a un acuerdo con los partidarios de don Carlos María Isidro sin perder el apoyo, al otro lado, de los liberales. Esa fue la misión que le confió a Francisco Cea Bermúdez, líder de un gobierno que duró apenas tres meses. Sin embargo, aunque los esfuerzos por atraerse a los carlistas fueron vanos, su gobierno emprendió una reforma de gran envergadura, que sigue estando vigente en España más de siglo y medio después: la división de España en provincias.
Mediante una simple circular en noviembre de 1833, su secretario de estado de Fomento, Javier de Burgos, creó un estado centralizado dividido en 49 provincias. Las provincias recibieron el nombre de sus capitales (excepto cinco de ellas, que conservaron sus antiguas denominaciones: Asturias,con capital en Oviedo,Navarra, con capital en Pamplona, Álava con Vitoria, Guipúzcoa con San Sebastián y Vizcaya con Bilbao).
El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva; además, otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital.

La división provincial de Javier de Burgos de 1833 incluía 49 provincias. El mismo decreto que creó la división provincial agrupó a las provincias en «regiones históricas». "El decreto de Javier de Burgos abscribía, de forma intencionada, un nivel superior al provincial, al hacer referencia expresa de varias provincias a un ente definido" (Según el profesor Francisco Iglesias Carreño), es más, apostillando lo anterior dice: "y ello con independencia de si a tal ente supraprovincial se le atribuían, en tal momento o en momentos posteriores, o no funciones administrativas/económicas/políticas" . "Así, y en la acepción conceptual de Iglesias Carreño, las regiones definidas si tenían existencia, con la salvedad de que la competencia o consideración orgánica administrativa o jurisdiccional fuera, a posterioridad, sobrevenida". El profesor Iglesias Carreño dice: ""Todo ello implica que las provincias de 1833, con la posterior división en las Islas canarias, por estar agrupadas, en su adscripción a regiones-.-léase ya Regiones Históricas-.-, forman un estamento intermedio que no es modo alguno solo y exclusivamente clasificatorio, ya que la evolución posterior aclara que su operatividad administrativa/económica/cultural/política fue aumentando .

Mapa de las divisiones administrativas de España antes de J.Burgos

División territorial de 1822

División territorial de Vascongadas, Navarra y parte de Castilla la Vieja.

Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se impulsa la construcción del Estado liberal, y con él se promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama única para las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios de igualdad jurídica, unidad y eficacia.

En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias:^[3] provincia de Alicante, con capital en Alicante; provincia de Almería, con capital en Almería; provincia de Ávila, con capital en Ávila; provincia de Badajoz, con capital en Badajoz; provincia de Baleares (islas), con capital en Palma; provincia de Barcelona, con capital en Barcelona; provincia de Bilbao, con capital en Bilbao; provincia de Burgos, con capital en Burgos; provincia de Cáceres, con capital en Cáceres; provincia de Cádiz, con capital en Cádiz; provincia de Calatayud, con capital en Calatayud; provincia de Cartagena, con capital en Cartagena ,provincia de Canarias (islas), con capital en Santa Cruz de Tenerife; provincia de Castellón, con capital en Castellón de la Plana; provincia de Ciudad Real, con capital en Ciudad Real; provincia de Chinchilla, con capital en Chinchilla; provincia de Córdoba, con capital en Córdoba; provincia de Coruña, con capital en Coruña; provincia de Cuenca, con capital en Cuenca; provincia de Gerona, con capital en Gerona; provincia de Granada, con capital en Granada; provincia de Guadalajara, con capital en Guadalajara; provincia de Huelva, con capital en Huelva; provincia de Huesca, con capital en Huesca; provincia de Jaén con capital en Jaén; provincia de Játiva, con capital en Játiva; provincia de León, con capital en León; provincia de Lérida, con capital en Lérida; provincia de Logroño, con capital en Logroño; provincia de Lugo, con capital en Lugo; provincia de Madrid, con capital en Madrid; provincia de Málaga, con capital en Málaga; provincia de Murcia, con capital en Murcia; provincia de Orense, con capital en Orense; provincia de Oviedo, con capital en Oviedo; provincia de Palencia, con capital en Palencia; provincia de Pamplona, con capital en Pamplona; provincia de Salamanca, con capital en Salamanca; provincia de San Sebastián, con capital en San Sebastián; provincia de Santander, con capital en Santander; provincia de Segovia, con capital en Segovia; provincia de Sevilla, con capital en Sevilla; provincia de Soria , con capital en Soria; provincia de Tarragona, con capital en Tarragona; provincia de Teruel, con capital en Teruel; provincia de Toledo, con capital en Toledo; provincia de Valencia, con capital en Valencia; provincia de Valladolid, con capital en Valladolid; provincia de Vigo, con capital en Vigo; provincia de Villafranca, con capital en Villafranca; provincia de Vitoria con capital en Vitoria; provincia de Zamora, con capital en Zamora; provincia de Zaragoza, con capital en Zaragoza.

División territorial de España en 1822.

Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como las de Almería y Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva (del Reino de Sevilla), Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre nuevo como Murcia o las Provincias Vascongadas.

Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de población, extensión y coherencia geográfica. Hay una voluntad de superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las ciudades capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos enclaves cuando se hallan dentro del mismo. Este proyecto generó intensos debates por el número de provincias y la capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.

En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.

Cuadro crono lógico Alfonso XII - Nuestros días

En el siguiente enlace destacado en amarillo podréis observar la línea de tiempo desde el tiempo de Alfonso XII hasta nuestros días:

      Cuadro cronológico

Comentario del video de la Reconquista española (1814-1817)

Se conoce con el nombre de la Reconquista española al periodo que media entre la batalla de Rancagua (derrota de las fuerzas patriotas, 1814) y la posterior derrota de las fuerzas españolas en la batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817).
 En este sentido, la primera medida odiosa fue el establecimiento de los Tribunales de Vindicación, ante los cuales debían acudir las personas que habían colaborado con los gobiernos patriotas para explicar su conducta. El Tribunal expedía un documento que si era favorable al interesado le permitía seguir disfrutando de su cargo si era empleado o militar, y ponerlo a salvo de futuras medidas represivas si era un particular.
También se ordenó el arresto de las personas que habían tenido notable actuación en los gobiernos patriotas; función policial que estuvo a cargo del Batallón los Talavera, al mando del capitán Vicente San Bruno. En el resto del país se cumplieron órdenes similares. Muchos de estos detenidos fueron confinados en diversos puntos del país y unos cuarenta remitidos al archipiélago de Juan Fernández, entre los que se encontraban destacados criollos como Manuel de Salas y Juan Egaña.
Además de los anterior, un grupo de hombres recluidos en la cárcel de Santiago fue víctima de una brutal intriga destinada a sembrar el terror en la población. Bajo la excusa de una falsa fuga varios de ellos fueron asesinados.
La persecución contra los patriotas también se dio en el aspecto económico. En este sentido, las medidas que se tomaron tendieron a castigarlos y a allegar fondos para los gastos públicos. Osorio ordenó establecer una Junta de Secuestros, con el fin de incautarse de los bienes de los patriotas y administrarlos mediante arriendos entregados en remate mientras se decidían las causas de aquellos.
También en el plano económico se implantaron exacciones bajo el concepto de empréstitos forzosos.
En forma paralela a la persecución política y económica, existió la preocupación por abolir las reformas criollas y reimplantar las coloniales. Incluso muchas de las reformas fueron suprimidas sin que mediasen órdenes específicas como fue el caso de la Ley de Libertad de Vientres y el Reglamento de Libre Comercio. En otros aspectos se dictaron decretos específicos como ocurrió con la supresión del Instituto Nacional, la Biblioteca y las escuelas sostenidas por los conventos. Se restablecieron, en cambio, la Real Audiencia y la Universidad de San Felipe.
En materia eclesiástica se restituyó al obispo realista José Santiago Rodríguez Zorrilla, el pago de los derechos parroquiales y la orden de continuar enviando dinero a Lima para el funcionamiento de la Inquisición.
Gobierno de Casimiro Marcó del Pont (1815-1817)
En diciembre de 1815 llegó a Chile este nuevo gobernador, que en el ejercicio de su autoridad extremó más el rigor, provocando problemas con todos los niveles de la población chilena hasta provocar la insubordinación y la aparición de montoneras.
Se creó un Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública para cumplir estas disposiciones y mantener el orden. Las actuaciones de este Tribunal fueron odiosas y dieron lugar a delaciones, espionaje y allanamientos; acciones que en su conjunto fueron provocando un profundo malestar en la población.
Por otra parte, agente enviados por los patriotas desde Mendoza incitaban a la resistencia y alentaban la esperanza de una pronta liberación. Entre estos hombres, destacó nítidamente Manuel Rodríguez, joven abogado que había actuado como secretario de José Miguel Carrera y que ahora era el enlace principal entre los patriotas de uno y otro lado de los Andes. Rodríguez, con su habilidad para mezclarse con la gente, burló a las autoridades españolas. Se extremaron las medidas policiales, mientras el odio contra los españoles se iba extendiendo en los grupos modestos del pueblo. El descontento se propagó también a las provincias y en ese ambiente los patriotas pudieron moverse con mayor facilidad y de esta manera empezaron a aparecer montoneras, destinadas a provocar el desconcierto entre los españoles antes de la llegada del Ejército Libertador que se preparaba en Mendoza.
A comienzos de 1817 ya las montoneras pudieron llevar a cabo dos golpes de gran audacia y efecto. Dirigidas por Rodríguez, practicaron un asalto a Melipilla y unos días más tarde a San Fernando, terminando sus acciones exitosamente.
Estas acciones demostraban que el pueblo estaba contra la dominación española y que esperaba sólo el momento propicio para alzarse en su contra. Además, las tropas de Marcó del Pont debieron ser dispersadas en la región recorrida por guerrilleros entre Santiago y Talca, y no pudieron hacer frente en su totalidad al comienzo de la invasión del Ejército Libertador.
El Ejérciro Libertador
Luego del Desastre de Rancagua se produjo la emigración patriota hacia Mendoza. En ese lugar era gobernador de Cuyo el coronel José de San Martín, quien había asumido ese cargo en septiembre de 1814, pretextando mal estado de salud. En realidad, se experiencia sobre la guerra en el Alto Perú le había hecho llegar a la conclusión que por las condiciones naturales de la zona y el estado de las fuerzas militares, ni el bando patriota ni el realista, podían conseguir en esa región un triunfo definitivo; por lo tanto, lo mejor era confeccionar un nuevo plan que permitiera consolidar la emancipación de América del sur.
Con ese fin, San Martín elaboró un plan que contenía los siguientes puntos:
1) Mantener en el Alto Perú una guerra defensiva.
2) Organizar en Mendoza un ejército pequeño y disciplinado.
3) Invadir Chile y derrotar a los realistas en este país.
4) Apoyar en Chile un gobierno sólido y amigo.
5) Aliarse con este gobierno en la preparación de una expedición libertadora que invadiera Perú por mar y derrotara luego al grupo de las tropas realistas.
San Martín estaba convencido de que mientras no se consolidara la independencia del Perú y se expulsara a los españoles de ese lugar nunca estaría segura la emancipación chilena y Argentina.
Por otro lado, los emigrados chilenos en Mendoza continuaron divididos entre o’higginistas y carrerinos. O´Higgins y sus partidarios lograron ganar la confianza del gobierno de Cuyo; en cambio, Carrera debió abandonar ese lugar y dirigirse a Buenos Aires. A partir de ese momento O’Higgins y los militares que le seguían cooperaron estrechamente con San Martín para preparar un ejército que librase a Chile.
Con diversos procedimientos, San Martín y O’Higgins lograron formar el Ejército de los Andes, una fuerza bien organizada de aproximadamente 3.600 hombres, entre chilenos y  argentinos.
En enero de 1817 el ejército salió de Mendoza, formando tres divisiones, las cuales eran mandadas respectivamente por O’Higgins, Soler y Las Heras. El ejército debía entrar a Chile por diversos puntos entre el valle de Copiapó y Curicó para desorientar a las autoridades realistas y levantar a la población de esa comarca.
Las Heras atravesó la cordillera por Uspallata y ocupó Los Andes. O’Higgins y Soler cruzaron por el paso de los Patos o Valle Hermoso y cayeron sobre San Felipe. Las tres divisiones se concentraron luego en Curicó para marchar sobre Santiago (9 de febrero de 1817). Otros destacamentos pequeños cayeron sobre Copiapó, Coquimbo, San Gabriel y otro dirigido por Freire pasaba por el Planchón y se unía a los guerrilleros de la región central.
Las fuerzas realistas poco pudieron hacer para enfrentar la invasión. Sólo unos 1.600 soldados realistas, al mando de Rafael Maroto, lograron concentrarse en la cuesta de Chacabuco donde fueron derrotados por Bernardo O’Higgins (12 de febrero).
La derrota realista permitió al ejército patriota entrar en Santiago dos días después en medio de entusiastas demostraciones de alegría.
Maroto, algunos oficiales y funcionarios públicos y alguna tropa lograron embarcarse en Valparaíso rumbo al Callao. Marcó del Pont no lo pudo hacer, hecho prisionero fue desterrado a Cuyo donde falleció en 1819.
El 15 de febrero un cabildo abierto ofreció a San Martín la dirección suprema de Chile, cargó que el patriota argentino rechazó según los principios de su plan de encabezar una expedición contra el Perú; propuso a O’Higgins, oferta que otro cabildo abierto, el día 16, aceptó. De esta manera, O’Higgins se transformó en director supremo, inicialmente sin restricciones a su mando.

Comentario video de la Restauración Borbónica

En Historia de España, se conoce como la Restauración o la Restauración borbónica a la etapa política desarrollada bajo sistema monárquico que se extendió entre finales de 1874(momento del pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos que dio fin al periodo de la Primera República Española y el 14 de abril de 1931 (fecha de proclamación de la Segunda República. El nombre alude a la recuperación del trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, después del paréntesis republicano.

La Restauración borbónica se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, la construcción de un modelo liberal del Estado y la incorporación de los movimientos sociales y políticos surgidos al calor de la revolución industrial, hasta su progresiva decadencia con la dictadura de Primo de Rivera en 1923.

Alfonso XII se encontraba en el exilio en Gran Bretaña tras el fracaso de la Primera República, y Cánovas del Castillo desde el Partido Liberal-Conservador contacta con él para restaurar el orden monárquico en España. Cánovas hace promesas a la clase política de que se tratará de la superación de la República, pero también de los modos y maneras del reinado de Isabel II, con la última de las guerras carlistas todavía sin finalizar. Convencido el futuro Rey, proclama el Manifiesto de Sandhurst el 1 de diciembre de 1874 en el que comunica que muchos son los que se han puesto en contacto con él para el establecimiento de una monarquía constitucional, considera huérfana a la nación y se considera legítimo heredero del trono por abdicación de su madre, Isabel II, poniéndose a disposición de los españoles.

El sistema político que se estableció fue bipartidista entre el Partido Liberal-Conservador liderado por Antonio Cánovas del Castillo y el Partido Liberal-Fusionista que encabezó Práxedes Mateo Sagasti aunque tuvo mucho más que ver en su creación Cánovas del Castillo. Esto permitió superar el sistema de partido único que había abocado a una falta de legitimidad democrática a Isabel II y a su posterior derrocamiento. El nuevo panorama permitirá una mayor estabilidad, pero el encorsetamiento del sistema a la larga, con una alternancia política ficticia, causará graves problemas que desembocarán en la corrupción política, cuya base estaba en el denominado caciquismo.